Autoridades federales y estatales detuvieron a dos funcionarios del Ayuntamiento de Temoac, Morelos, por su presunta participación en el delito de extorsión, como parte de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión. Entre los capturados se encuentra Marisol Romero Zamora, esposa del presidente municipal, así como Geovany Emanuel González Morellano, director de la Policía Municipal.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó las aprehensiones y explicó que ambas fueron ejecutadas mediante órdenes judiciales derivadas de una investigación encabezada por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).

En un comunicado, la Fiscalía de Morelos informó que las detenciones forman parte de las acciones permanentes contra este delito. "Como parte de las acciones permanentes de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión, hoy fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de Marisol 'N' y Geovany Emmanuel 'N', ambas personas funcionarias públicas del municipio de Temoac", señaló la dependencia.

Los dos servidores públicos serán presentados ante un juez especializado, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los detenidos estarían relacionados con la organización criminal conocida como "Los Aparicio", también identificada como "Los Huazulco", grupo señalado por las autoridades como una estructura con presencia delictiva e influencia política en la región oriente de Morelos.

Las indagatorias refieren que la organización fue fundada por Arturo Romero Aparicio, alias "El Cachibombo", padre de Marisol Romero Zamora y exsuegro del exalcalde Valentín Lavín Romero, quien fue asesinado hace unos días.

Según la Fiscalía, Romero Aparicio permanece privado de la libertad desde 1994 y ha sido trasladado por diversos centros penitenciarios de Morelos, Estado de México y Puebla. En fechas recientes fue reubicado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 13, en Miahuatlán, Oaxaca.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red de extorsión y establecer si existen más servidores públicos involucrados.