La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó temporalmente al gobierno de Donald Trump a reanudar las deportaciones de migrantes hacia países distintos a los de su nacionalidad, sin que previamente tengan la oportunidad de presentar argumentos sobre los riesgos de persecución, tortura u otros perjuicios que podrían enfrentar.

La decisión responde a una solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia para suspender una orden del juez federal Brian Murphy, quien determinó que la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para enviar migrantes a terceros países sin las debidas garantías procesales era ilegal. La controversia se encuentra en el caso D.V.D. v. Department of Homeland Security.

Con la intervención de la Corte Suprema, la administración Trump puede continuar aplicando la política mientras avanza el litigio. La medida no representa, por sí misma, una resolución definitiva sobre la legalidad de fondo de las deportaciones a terceros países. El expediente ante la Corte corresponde a una solicitud de suspensión presentada por el gobierno.

La demanda fue presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes en representación de personas que enfrentaban la posibilidad de ser trasladadas a terceros países sin recibir previamente información suficiente ni una oportunidad para plantear los riesgos que implicaría su expulsión.

La política comenzó a aplicarse durante 2025 y, de acuerdo con cifras citadas por grupos de derechos humanos y reportes recientes, más de 25 mil migrantes han sido enviados a 29 países. La mayoría de las deportaciones de este tipo han tenido como destino México.

Entre los países que han recibido migrantes deportados desde Estados Unidos se encuentran Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y la República Centroafricana, entre otros.

La situación de Sudán del Sur ha generado especial atención debido a las condiciones de seguridad del país. El Departamento de Estado estadounidense mantiene advertencias para sus ciudadanos por riesgos relacionados con delincuencia, secuestros y conflicto armado.

Organizaciones defensoras de migrantes han cuestionado la política debido a que, según sus argumentos ante los tribunales, algunas personas podrían ser enviadas a lugares donde enfrentarían persecución, tortura u otras formas de daño. Expertos de Naciones Unidas también pidieron esta semana al gobierno estadounidense detener las deportaciones a terceros países por los riesgos de violaciones a derechos humanos que, sostienen, implica la práctica.

Por su parte, el gobierno de Trump sostiene que la herramienta es necesaria para ejecutar las órdenes de deportación y ha argumentado ante la Corte Suprema que las restricciones judiciales generan problemas operativos y diplomáticos para la aplicación de su política migratoria.

La disputa continuará en los tribunales mientras se determina la legalidad de fondo de esta política, que permite trasladar a personas sujetas a deportación a un país distinto de aquel del que son nacionales.