Uber gana suspensión definitiva y podrá operar en aeropuertos de todo México sin riesgo de sanciones
Uber gana suspensión definitiva y podrá volver a recoger y dejar pasajeros en aeropuertos de México.
Uber gana suspensión definitiva y podrá volver a recoger y dejar pasajeros en aeropuertos de México.
La dirigente estatal de Morena, Olga Romero. prevé sanciones para alcaldes del partido que lucren con el desastre natural en la Sierra Norte de Puebla.
El Senado recibió la iniciativa Ley Pay de Limón, que propone castigar con cárcel el maltrato animal, aumentar sanciones en casos de crueldad extrema.
Puebla ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en el padrón del INE de personas sancionadas por violencia política de género, con 18 casos que incluyen exalcaldes, comunicadores y administradores de redes sociales.
Hasta 12 años de cárcel por robar o traficar con el agua. La nueva iniciativa de Sheinbaum endurecería las sanciones para proteger este recurso.
El gobierno de Puebla endurecerá la supervisión y sanciones a las empresas gaseras y transportistas para prevenir riesgos a la población.
El Congreso de Puebla impulsaría sanciones más severas contra el reclutamiento de personas bajo engaños, como falsas ofertas laborales en redes sociales.
El Grupo de La Haya, liderado por Colombia y Sudáfrica, reunió a 34 países —incluido México— en Nueva York para coordinar sanciones contra Israel por su ofensiva en Gaza.
El diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, propuso reformar el Código Penal de Puebla para endurecer las sanciones a conductores en estado de ebriedad o drogas, con penas que podrían alcanzar hasta 18 años de prisión según la gravedad del daño.
El balance de tres meses del sistema de parquímetros en Puebla revela que la mayor parte de la recaudación provino de sanciones, superando incluso al cobro regular por el uso de los cajones de estacionamiento en el Centro Histórico y colonias aledañas.
Una iniciativa presentada en el Congreso de Puebla busca castigar con mayor severidad el despojo inmobiliario cuando intervengan servidores públicos, contemplando hasta 15 años de cárcel y fuertes sanciones económicas.